A partir del 1° de agosto, entrará en vigencia la normativa que contempla, entre otros cambios, las sociedades unipersonales y regula las franquicias y contratos que se daban de hecho pero que no estaban tipificados. El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, en boca de los especialistas.
Luego de tres años de análisis y debates jurídicos, a fines de noviembre de 2014, el Congreso sancionó el Código Civil y Comercial unificado. La nueva normativa, que con sus 2.671 artículos reemplaza a los más de 4.500 que contenía el texto de 1869, entrará en vigor el 1° de agosto.
Entre otros cambios, el nuevo código incorporó modificaciones que permitieron a la ley aggionarse a la realidad social, como el reconocimiento de la unión convivencial, el matrimonio igualitario y facilitar procesos como el divorcio o la adopción. En el ámbito de los negocios y la actividad económica, la unificación del derecho civil y el comercial promueve la seguridad jurídica en las transacciones, simplificando trámites para constituir una sociedad, y tipifica contratos (como el de franquicias), que se daban de hecho.
A pedido de El Cronista Pyme, los letrados Francisco Muruzeta, del estudio Nicholson y Cano; Hugo Rossi, de Rossi Amadeo Abogados, y Leonardo Glikin, de CAPS consultores, analizaron los principales cambios que trae el nuevo código en los negocios.
Una de las cuestiones centrales de este cambio normativo es que, en el caso de las compañías familiares, que son una mayoría dentro de las empresas, y de sociedades conformadas por amigos, que representan otra buena parte, unifica las cuestiones patrimoniales y afectivas en una misma legislación. Sin embargo, además de impactar en las organizaciones familiares o conformadas por parejas, el código unificado también incluye nuevas formas societarias, tipos de contratos y destina un capítulo especial al sistema de franquicias. A continuación, cinco puntos fundamentales a tener en cuenta.
1 Alcance
El nuevo Código Civil y Comercial “entrará en vigencia el 1° de agosto, y sus disposiciones aplicarán a todas las personas y empresas -personas humanas y jurídicas, según la nueva acepción-, así como a las relaciones jurídicas existentes a esa fecha”, explica Francisco Muruzeta, socio del estudio Nicholson y Cano.
2 Sociedades
Aparece la figura de Sociedad Unipersonal (SU), que no estaba tipificada hasta el momento, pero contempla una modalidad frecuente en los negocios: la del emprendimiento en solitario. “Bajo el código viejo, para constituir una sociedad comercial, se necesitaban, al menos, dos socios, lo que generaba que, en la práctica, uno de ellos tuviera el 95% de las acciones y el otro solo el 5% para cumplir con la legislación”, apunta Hugo Rossi, del estudio Rossi Amadeo. “El nuevo código admite las SU para las nuevas empresas. En el caso de las existentes, la transformación requiere un trámite ante la Inspección General de Justicia (IGJ), lo cual tiene un costo”, agrega Rossi.
En el proyecto original, tanto las SRL como las SA podían ser unipersonales, pero el Ejecutivo lo modificó y solo admite esa posibilidad para las SA. “La nueva figura deja afuera a la mayoría de las pymes”, advierte Rossi. Para inscribir una SU en la IGJ, hay que contar con tres síndicos y tres directores. Los directores pueden ser ad honorem, pero no los síndicos. En la práctica, esta figura solo servirá para que las empresas grandes constituyan nuevas compañías a partir de sus unidades de negocios.
Por otra parte, dejan de existir las Sociedades de Hecho, que a partir de ahora serán “Sociedades no constituidas formalmente”. En estas empresas no inscriptas en la IGJ, los socios pueden limitar su responsabilidad frente a terceros (y evitar exponer su patrimonio personal), mediante un Estatuto que deben conocer proveedores y clientes.
3 Franquicias
El contrato de franquicia no se encontraba regulado en el Código Civil ni en el Código de Comercio. “Participa en la categoría de contratos innominados, que se rigen por la libre autonomía de las partes contratantes”, señala Francisco Muruzeta. “Esto quiere decir que las partes pueden acordar términos y condiciones, siempre y cuando no se afecte el orden público”.
Así, hasta el día de hoy, las franquicias estaban regidas por los términos que acordaban las partes, aunque no lo hacían en pie de igualdad. Generalmente, el franquiciante es una empresa grande, mientras el franquiciado es un emprendedor o empresa familiar que no tiene posibilidades de discutir ninguna cláusula.
En la nueva regulación, se explicitan las obligaciones de franquiciantes y franquiciados, y se limita la responsabilidad laboral por los empleados del franquiciado, evitando que ante un conflicto el empleado accione contra ambos (ahora solo podrá hacerlo contra su empleador directo).
Al mismo tiempo, “se establece un plazo mínimo de 4 años de contrato, y se regula el plazo de preaviso para rescindirlo en un mes por cada año de la relación contractual, con un máximo de seis meses”, aclara Muruzeta.
“El hecho es que la extinción del contrato anticipada solía traer a los franquiciantes problemas de imagen”, aporta Rossi. “También se prevén situaciones excepcionales que permiten que las partes pacten una franquicia por menos tiempo, por ejemplo, en caso ferias o congresos”.
Asimismo, en contratos por tiempo indeterminado, la rescisión no puede tener lugar antes de tres años de iniciada la relación contractual. Y se establece que la falta de preaviso da lugar a una indemnización equivalente a las ganancias que se dejan de percibir durante dicho período.
4 Nuevos contratos
Además de las franquicias, el nuevo código tipifica otros contratos que también son de uso habitual en el comercio, como el contrato de suministro, factoraje (venta de facturas a cobrar), arbitraje (negociación privada entre partes en una cámara arbitral, que evita ir a los tribunales ordinarios) y concesión, entre otros.
“La regulación específica de estos contratos es positiva para las pymes, ya que suelen ser la parte más débil de una relación jurídica”, apunta Muruzeta.
Otro cambio en los contratos que se establece a partir de agosto es la posibilidad de saldar deudas contraídas en moneda extranjera, mediante su equivalente en moneda de curso legal. “Sin embargo, no se especifica cómo se determina ese equivalente -a qué tipo de cambio-, lo que generará inconvenientes e incertidumbre”, agrega el socio del estudio Nicholson y Cano.
5 Empresas familiares
El nuevo código “establece un aumento en la porción que una persona puede disponer libremente, aun teniendo hijos, cuando planifica su sucesión”, explica Leonardo Glikin, de CAPS consultores. “Del 20% de la ley actual, se pasará a un 33,33 %, lo que dará mayor flexibilidad para que una empresa quede en manos de quienes participan en ella, en lugar de que todos los herederos se conviertan en dueños, sea que participen o no”.
Además, el propio código establece la pauta de que, si algunos herederos (o el cónyuge) han participado en la generación del negocio, o en su explotación, tengan prioridad, y compensar a los otros herederos con bienes o dinero. “Hasta ahora, no existía una prioridad de algunos herederos, lo que generaba que, quienes nunca habían participado, se convirtieran en dueños sin la necesaria capacitación”, explica el letrado.
Por otra parte, si bien sigue prohibido el pacto sobre herencia futura, se admiten los pactos que tengan como objeto una empresa, para garantizar que la dirección se mantenga en manos de quienes participan.
También, se podrá optar por un régimen de separación de bienes en el matrimonio. Así, un empresario podrá mantener como propios los frutos de sus bienes (por ejemplo, los dividendos de las acciones, o las rentas de las propiedades), en lugar de que se los considere gananciales.
Hasta ahora, estaban prohibidos los contratos entre cónyuges, por lo que marido y mujer solo podían participar en sociedades por acciones. El nuevo código suprime toda limitación, por lo que van a poder ser socios en toda clase de empresas.
Por otra parte, la nueva legislación instaura la “unión convivencial”, con igualdad de derechos. A su vez, se protege expresamente a quien participa en el negocio, tanto frente a un divorcio o el fallecimiento de un integrante de la pareja. El concepto de base es que las empresas queden en el patrimonio de quienes están comprometidos con ellas, y que su cónyuge tenga un derecho patrimonial, que no se convierte automáticamente en ganar poder para impedir la dirección de la empresa por parte del cónyuge administrador.
